“La situación es grave. Si no hay cambios urgentes, habrá más casos Rocío en Tucumán”, señaló la titular del Colegio de Profesionales en Servicio o Trabajadores Sociales, Elsa Soledad Roldán. “Estamos ante una situación perversa porque veo las cosas como son y escucho lo que me dicen, pero hago lo que yo quiero”, agregó el presidente de la entidad que nuclea a los psicólogos, Roberto Marchetti. Realizaron estas declaraciones después de haber denunciado graves irregularidades en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf).

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El 30 de junio, los representantes de ambas entidades, por escrito, presentaron un pedido de audiencia con las autoridades del organismo para tratar varios temas que se enunciaron en el documento. Indicaron, por ejemplo, que se realizan “modificaciones a informes de los profesionales que implican cambios sustanciales a la apreciación/valoración resultante de los mismos. Esos cambios son realizados por personal jerárquico sin título habilitante para tal tarea de supervisión. Además se presiona a los colegas a suscribir estos informes en total violación a la normativa vigente”.

“Se tomó conocimiento de que en distintos dispositivos y áreas de la Dinayf habría personal administrativo, estudiantes universitarios y terciarios en ejercicio de tareas específicas de nuestra incumbencia y que en algunos casos contarían con sello que los identificaría como auxiliar de las diferentes profesiones”, explicaron en el escrito. “Cabe aclarar al respecto que nuestras profesiones no cuentan en su formación con títulos intermedios y que estas prácticas podrían encuadrarse en ejercicio ilegal de la profesión”, agregaron.

Marchetti profundizó este cuestionamiento. “Esto no es nuevo. Lo venimos denunciando desde 2017 y nadie hizo nada. Hasta hay un planteo a favor firmado por la fiscalía de Estado y no lo hicieron cumplir. No sabemos quiénes son las personas que están haciendo esta tarea. Desde esa fecha pedimos que nos informen las matrículas de los profesionales y no nos responden”, comentó.

“Los problemas de falta de control no sólo se da en los profesionales de la Dinayf, sino también en los hogares que están bajo su responsabilidad. Sabemos de al menos un caso de un abusos sexual de una niña que se encontraba allí por parte de un trabajador que tenía antecedentes por el mismo delito. Y pensar que se albergaba a los chicos para protegerlos”, añadió el presidente del Colegio de Psicólogos.

Sin protección

Los referentes de ambos colegios indicaron además que por “disposición administrativa y/o judicial se habría expuesto a profesionales a situaciones de riesgo sin brindarles garantías mínimas de protección en la actuación profesional”. Marchetti agregó: “en la mayoría de los casos intervienen nuestras asociadas sin ningún tipo de protección. Sufren robos y hasta agresiones por parte de los miembros de las familias con las que deben trabajar. Y la situación se torna mucho más problemática si los abordajes se deben dar con las personas que están vinculadas al narcomenudeo porque directamente infunden terror a los profesionales. Hemos tenido situaciones en los que familias enfrentadas por el dominio territorial generan más problemas con el único propósito de generar más daños”.

Carga laboral

En el documento, los voceros de los profesionales indicaron que cada uno de sus asociados tiene a su cargo entre 70 y 100 casos por atender de manera simultánea a lo que se suma la demanda de resolución de manera urgente tanto administrativa como judicial. “Consideramos oportuno tener en cuenta los estándares de tiempo que requiere cada intervención. Además es muy difícil dar cumplimiento con esas exigencias si no cuentan con recursos tan básicos como transporte”, indicó.

Roldán agregó: “no hay un tiempo mínimo para realizar esta tarea. Cada caso es particular y a veces se necesita mucho más tiempo de lo estipulado. Hay un problema mucho más serio, que es que no se le está haciendo un abordaje integral a cada situación”. “Esos informes tienen que ser realizados por psicólogos y trabajadores sociales y no como ocurre actualmente, que lo hace uno de los dos. Ningún profesional puede realizar la tarea del otro”, agregó.

“Lo más preocupante -sostuvo- es que la sociedad está estigmatizando a los profesionales de esta área tan sensible para el futuro. Es la solución más sencilla, porque así se tapan los problemas estructurales y no se cuestiona a los que deben tomar las medidas para modificar la grave situación que se está viviendo”, concluyó Roldán. Ambos referentes confirmaron que hasta el momento no tuvieron respuestas por parte de los funcionarios de la Dinayf sobre si serán recibidos o no.

Rápida resolución: ante los faltazos de la Dinayf, una jueza pidió formar un equipo para dictar penas en dos homicidios

La jueza Ana María Iácono tomó una drástica medida ante el permanente incumplimiento de los profesionales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf). Solicitó a la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA) que forme un equipo de profesionales para que realicen y oralicen los informes que se necesitan para dictar condena a dos menores que ya fueron declarados penalmente responsables de haber cometido dos homicidios en ocasión de robo. El nuevo código establece que los menores en conflicto con la ley deben superar dos instancias. La primera, un tribunal debe decidir si son culpables o no. En caso de que se les deba aplicar una condena, un magistrado especializado en Niños, Niñas y Adolescentes debe escuchar cómo fue el cumplimiento de las medidas socioeducativas para fijarles una pena.  Pero por diferentes problemas, los profesionales de la Dinayf no realizaban ese trámite, a pesar de que ya habían sido advertidos de que deberían hacerlo. En el transcurso de esta semana, Iácono debía resolver las condenas para los acusados de los homicidios del mozo Ramón Costilla y del operario de CCC Enzo Mariani, pero no pudo hacerlo porque los responsables del organismo estatal no se presentaron a cumplir con su función. No se descarta que en las próximas horas se realice un planteo formal ante las autoridades de la Dinayf.